De 1968 a 2018, ciclo que se cierra o que intenta repetirse

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Jesús Solís Alpuche Autor

Por: Jesús SOLÍS ALPUCHE

Un poco de historia: Las agresiones por parte de la policía a los estudiantes del politécnico y de las prepas que se dan a finales de julio de 1968 fueron acciones premeditadas para provocar una respuesta del movimiento estudiantil que esperaban poder reprimir y contener, generando desgaste por los enfrentamientos, así como la desviación de las exigencias centrales por la demanda de liberación de presos políticos (Valentín Campa Demetrio Vallejo y otros), hacia el futurismo político manejado por Luis Echeverría.

El objetivo de la represión, era mantener un ambiente de “paz y orden” para cuando se realizara el informe de gobierno del 1 de septiembre del presidente Díaz Ordaz, así como para los juegos olímpicos de México, que iniciarían el 12 de octubre. Esta táctica represiva fue ampliamente aplicada con movimientos previos al de 1968, sin embargo la creatividad, organización y la rebeldía de los jóvenes, cambió drásticamente el escenario al que esperaba enfrentarse el gobierno, que finalmente optó por la planeación y ejecución de la masacre que se perpetró el 2 de octubre, para contener la ola de esperanza que se había convertido en un movimiento de alcance nacional, y que estaba conformado ya no solo por estudiantes, sino también por trabajadores, mujeres, barrios y por el pueblo en general.

En el contexto actual, tenemos información de la Nueva Constituyente que, recién pasado el último informe de gobierno de Peña Nieto, y frente a la llamada transición de gobierno, es que comienza a aumentar de manera visible la actividad de los grupos porriles para contener las demandas de un incipiente movimiento estudiantil que va tejiéndose entre las prepas y los CCHs. Este movimiento fue el día de ayer, 3 de septiembre, a manifestarse de manera pacífica a las instalaciones de rectoría de la UNAM y, a unas horas de estos sucesos, en las redes sociales y medios de comunicación no han faltado fotografías y videos que desenmascaran la brutalidad de las agresiones, e incluso en muy poco tiempo se ha dado ya con la identidad de los porros, azuzados y organizados por el funcionario Teófilo Licona, responsable de “auxilio UNAM”, solapado a su vez por el actual rector de la UNAM, Enrique Graue.
Sin embargo, debemos reconocer que, en vez de hacerse eco del crecimiento de la organización, las exigencias y demandas del movimiento estudiantil, su voz es desplazada por la crudeza de las acciones porriles, que inmediatamente recuerdan las fotografías captadas durante las represiones de 1968 y 1971. Las similitudes no podemos interpretarlas como mera casualidad. Es claro que por parte del gobierno y de las autoridades de la universidad, se está buscando contener una vez más al movimiento estudiantil, sin embargo, el resultado puede ser igual al que hemos presenciado por parte de las movilizaciones más recientes: invisibilización, desgaste y eventual disolución del movimiento frente a la llamada transición.

Reiteradamente se afirma que Andrés Manuel, Presidente electo: “tiene fama de ser muy firme en sus creencias y ser poco flexible, una vez más está demostrando que cuando escucha argumentos es capaz de modificar sus puntos de vista. Bien por AMLO que hace una corrección positiva, porque nos guste o no, y pese a los errores que han cometido, las Fuerzas Armadas forman parte de las últimas reservas de institucionalidad de las cuales disfruta el Estado Mexicano”.

Más allá de las opiniones, lo que cuenta es real. Recordemos que hace apenas unos meses AMLO prometía un cambio en la estrategia de seguridad argumentando que la solución a la “violencia” no sería por la violencia. Ahora él mismo anuncia que el ejército seguirá en las calles al menos otros 3 años, en lo que la policía federal se capacita (¿o militariza?) Esto último sumado a los fallidos foros por la pacificación en lo que se intentó convencer a las víctimas de que el mejor camino era la reconciliación, sin aspirar a conseguir la verdadera justicia, o la reaparición de las víctimas.

Pero además de un giro que podríamos sospechar, esto debería ayudarnos por lo menos a reflexionar: ¿De qué violencia se habla? ¿A quién le exigimos justicia y por qué? ¿Qué significa para el pueblo mexicano el Ejército, esa “reserva institucional” que le queda al Estado mexicano? En los últimos 12 años que gobernaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hubo 234 mil homicidios dolosos y 32 mil desaparecidos, 23 mil 968, sólo en 2017. Un país de fosas, desparecidos y feminicidios.

El 26 de septiembre será un IV aniversario de Ayotzinapa y 50 años de la Masacre de Tlatelolco. Exigimos que aparezcan vivos los 43 y que se sepa cuántos desaparecidos y muertos las Fuerzas Armadas -con todos sus disfraces- se cargaron la noche del 2 de octubre de 1968. Pero ¿A quién? ¿A un Estado que quiere hacernos creer que sus fuerzas de seguridad velan por la vida de los mexicanos? ¿A un gobierno que “corrige” sus principios antes de asumir? ¿Qué significa la paz para nosotros?

La paz que desea el pueblo de México es con memoria y justicia. Esa que piden las víctimas de los desaparecidos, la que piden las autodefensas comunitarias que se enfrentaron al crimen organizado, la que exigen al otro lado de la frontera. Es la paz que piden los muertos que no descansan, es la que pide la memoria del no dormir. Es una paz que no se podrá firmar con los responsables del genocidio que vivimos. La paz que nosotros queremos no es la misma que aquellos otros vociferan, porque nuestra paz tiene nombres, caras, recuerdos, luchas quebradas, caminos andados. Nuestra paz no se puede negociar, no admite reconciliación ni olvido. Nuestra paz es la paz de todo el pueblo, es la justicia hecha nuestra y la tierra en nuestras manos. Todo esto, porque hay que estar muy alertas contra el terrorismo de Estado, que el capitalismo neoliberal, sin nombre y sin patria les impone a los sistemas económicos bajo su dominio. chantzacan@hotmail.com

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