Freddy Ruz, Cristián Tornado y las despensas: ¿un autorrobo planeado?

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El alcalde y consejero estatal panista debe ser llamado por la fiscalía estatal, no como testigo sino como indiciado.

Momentos después de que publicáramos en nuestro portal la nota “Freddy Ruz: ¿Quién gobierna Umán?”, en la cual expresamos nuestra opinión por el robo de las despensas que el gobierno estatal tenía preparadas para entregar a los vecinos de Hacienda Itzincab, en Umán, gente del Fracc. Piedra de Agua y dos tricitaxistas pertenecientes a UMPA, sindicato manejado por Cristián Tornado, participante activo e instigador del atraco, se comunicaron con nuestros corresponsales para aclarar que no se trató de un acto montado por Tornado para demostrarle a Freddy Ruz quien manda en esa zona, sino un robo planeado por el mismo alcalde y el “líder” sindical.
“Freddy y Tornado son muy amigos y el alcalde confía en él”, nos confió uno de los habitantes de Piedra de Agua, “…todo estuvo planeado por ellos dos”. Nuestros informantes afirman que la idea surgió porque el control en la entrega de esos apoyos no lo tiene Freddy, sino el gobierno estatal. “Al no tener el alcalde manga ancha para entregar las despensas como él quiera, muchos de los tricitaxistas de UMPA se iban a quedar fuera de este programa” añaden, y dicen que: “(Los tricitaxistas de UMPA) se alborotaron porque Freddy afirmó que si su credencial del INE no tiene la dirección de Piedra de Agua no recibirían nada”.

Los dos tricitaxistas, pertenecientes a UMPA, coincidieron en que el mismo Cristián Tornado, su suegra y otro “líder” de nombre Hernán Salazar, estuvieron “invitando” a los socios del sindicato el jueves, ya muy de noche, y el viernes por la mañana. “A algunos los invitaron personalmente y a otros por celular. Nos aseguraron que no tuviéramos miedo, que no pasaría nada pues Freddy le había dado (a Tornado) su palabra y que no intervendría la policía (municipal)”, afirmaron los tricitaxistas, quienes añadieron que “Ya estamos hartos de Tornado: se ha enriquecido gracias a nuestro trabajo y nunca rinde cuentas de como maneja nuestras cuotas sindicales, además que siempre nos trata con prepotencia”.
Los dos socios de UMPA lamentaron los hechos y añadieron: “Por desgracia eso se va a quedar así, Freddy no hará nada pues sabe que si detienen a Tornado y este “canta” involucrará al alcalde, como su cómplice, por mientras la gente de aquí (de Piedra de Agua) cree que todos nosotros (los tricitaxistas de UMPA) somos unos ladrones sinvergüenzas”.

Hoy trascendió, mediante un comunicado oficial, que el gobierno estatal ya instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciar una investigación por los hechos y a la hora de ver la luz esta nota, ya debería de haber, al menos, un par de detenidos. Sin embrago, tal y como afirmamos ayer en nuestra nota: Freddy Ruz tiene mucho que aclararle a la ciudadanía de Umán con respecto al robo de las despensas destinadas a gente de escasos recursos que vive en Hacienda Itzincab. No basta con un vídeo del alcalde lamentando los hechos porque su deber es guardar el Estado de Derecho y no permitir, bajo ninguna circunstancia, que los delitos se cometan ante su presencia y, además, queden impunes. El alcalde y consejero estatal panista cometió un grave delito, primero al no actuar mediante el uso de la fuerza pública municipal para detener en ese momento a los infractores y, posteriormente, interponer una denuncia ante la fiscalía correspondiente para que esta inicie las averiguaciones correspondientes y se sancione severamente a los autores intelectuales y materiales de un robo que se efectuó delante de sus propias narices y a su vista y paciencia.

Freddy Ruz debe ser llamado por la fiscalía estatal, no como testigo sino como indiciado, porque pasó por alto el artículo 56, fracciones IV y XII de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, dicen que son obligaciones del Presidente Municipal: “Tener a su mando, la corporación de Seguridad Pública Municipal” y “Comunicar al Ejecutivo del Estado, con la urgencia que el caso demande, sobre cualquier hecho que implique una amenaza a la seguridad o al orden público” en franca violación al Código Penal del Estado de Yucatán que en su artículo 251, fracción V, establece que se comete el delito de Abuso de Autoridad si: “Siendo el encargado, jefe, oficial o comandante de una fuerza pública y requerido legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio, se niegue injustificadamente a darlo”, además que el propio Código establece en su artículo 186, fracción I. es culpable por delito de encubrimiento quien: “No procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance, impedir la consumación de los delitos dolosos que sepa van a cometer o se estén cometiendo”. De acuerdo a las imágenes publicadas por el mismo Freddy Ruz y por Diario de Yucatán había, al menos, tres elementos de la policía municipal en el sitio, presenciando el robo y nunca fueron requeridos por el alcalde del PAN para intervenir y/o solicitar apoyo.

Lo más insólito del caso es que hace unos días atrás, el mismo Ruz Guzmán faroleaba en las redes sociales afirmando que: “No permitiré que ningún mototaxista, ni nadie cometa algún delito y mucho más si se trata de personas vulnerables, así que aténganse a las consecuencias que marca la ley.” Y después agregó: “Como lo mencioné anteriormente no voy a permitir que nadie cometa actos delictivos en el municipio y mucho menos que se aprovechen de personas vulnerables, por lo que giré la instrucción que de inmediato se le cancelara su permiso de mototaxi para que no pueda prestar nunca más este servicio de transporte; además lo consignamos a la agencia 27 de la Fiscalía General del Estado con sede en Umán para que se le sancione como lo marca la ley”. Le anexamos las imágenes a Ruz Guzmán, para que la memoria se le refresque.
Hay que recordarle al alcalde que la Ley se aplica para todos y que sus amigos y socios políticos no están exentos ni tampoco hay cabida para la impunidad selectiva. También que las despensas robadas eran para entregarlas a personas de escasos recursos y en estado vulnerable, y que fueron adquiridas con recursos públicos, por lo tanto, de acuerdo a la Ley, el asunto es de interés público. Es cuánto.

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